Una de las coartadas favoritas del ex ministro de Planificación Julio De Vido en las causa por corrupción es decir que la responsabilidad fue de sus subordinados y que él no firmó los contratos cuestionados. Por primera vez, se encontró la firma de De Vido en un polémico contrato para la construcción de un gasoducto en San Cruz por 218 millones de dólares.
El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y “con sobreprecios” en las últimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri. El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren, ordenó frenar los pagos.
Con esta información, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará el lunes ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Nación Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fernández, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, María Suárez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.
Los acusados serán denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude al Estado y quizás lavado de dinero. En la denuncia de la OA, adelantaron a Clarín fuentes del gobierno, se afirma que los sospechosos “aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal”.
La empresa BTU ya había sido investigada, como subcontratista en las causas Skanska y Odebrecht.
Las obras en cuestión tenían como objeto el abastecimiento de gas natural a 2.500 usuarios de pequeñas localidades del norte de la provincia patagónica con el fin de sustituir el consumo de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle así al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hacía del precio a granel del gas propano. El proyecto original consistía en un paquete de obras que debían contar con un mismo financiamiento y se dividió en 3 etapas que abarcaban distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Se aclaró desde un inicio que, debido a las extensiones del territorio y la densidad de población, algunas partes eran más rentables que otras que no lo eran, como la etapa 3 sobre la que versa la denuncia.
En Comodoro Py se dice que fue el contrato “más rápido de la historia argentina” porque el gobernador Peralta envía una nota De Vido el 15 de agosto de 2015 pidiendo los fondos para Etapa III por 3.280 millones de pesos. Al día siguiente firman Peralta y De Vido el Convenio específico “no reintegrable” por esos 3.280 millones.
El 2 de octubre Peralta pide a De Vido el primer desembolso por 984 millones que se paga el 2 de diciembre de 2015 sin ningún tipo de avance de obra, sólo a modo de anticipo. Esos 984 millones ingresaron al fideicomiso y éste le pagó a BTU 974 millones.
Luego Peralta pide el segundo desembolso el 20 de noviembre de 2015 presentando como respaldatorio el “primera certificado de avance de obra” que contenía solo la “ingeniería de proyecto y acopio de materiales” que eran de 2008 y certificaba un escribano chileno.