Se concretó este martes una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad, con la participación de funcionarios del Ministerio de Público de la Acusación, autoridades policiales, magistrados, ministros y legisladores. El tema excluyente fue la adhesión a la ley de desfederalización del narcomenudeo, pretendida por la gestión de Miguel Lifschitz.
Tras el encuentro, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, enumeró los ejes abordados. En primer lugar, reiteró que la intención del gobierno no es perseguir al consumidor, sino “a los pequeños y medianos empresarios de la venta de droga”.
Luego, aseguró que la aplicación de la norma sería “progresiva” y que el gobierno santafesino destinaría los recursos suficientes para dar respuesta a dicha aplicación. “No es cuestión de asignar nuevas competencias a los fiscales y a la Justicia provincial sin los recursos necesarios. La decisión de la Provincia es que si hacen falta más, se van a (asignar)”.
Por otra parte, Silberstein calificó como “una buena decisión” el anuncio de Mauricio Macri sobre la designación de más jueces y fiscales federales. Sin embargo, aclaró que “esto no sería una solución a corto plazo” y que “el problema de la violencia, directamente relacionado con el narcotráfico, es un problema para Santa Fe hoy, no dentro de dos años”.
En ese sentido, reafirmó su opinión sobre utilizar las estructuras provinciales para combatir la venta de estupefacientes en pequeña escala. Dichas estructuras, aseguró, “son más fuertes y tienen una organización mejor (que las federales), por lo que permitirían una persecución centralizada y más efectiva”.