El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de ley que propone la regulación, el control y la gestión de aceites vegetales y grasas de frituras usados (AVUs).
En diálogo con LT10 el legislador explicó que el objetivo es "abrir un registro de generadores, comenzar una etapa inicial de la promoción de prácticas distintas y encontrar soluciones a partir de la generación de espacios de discusión que permitan tomar conciencia que los aceites vegetales una vez utilizados son contaminantes".
La norma propuesta refiere a aquellos aceites o grasas de origen vegetal o animal que son utilizados para la preparación de alimentos mediante la fritura total o parcial del mismo, los cuales –una vez utilizados- presentan cambios en su composición físico química tornándolos no aptos para el consumo humano.
En este sentido, las medidas buscan reducir los efectos adversos en el medio ambiente y en la salud humana, evitando la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como la afectación del suelo y el aire.
"Somos conscientes que va a levar tiempo cambiar culturas que tenemos cada uno de nosotros incorporado y el uso del de aceites vegetales y grasas de frituras es uno de ellos", explicó Oliver en Todo Pasa.
Con relación al proceso de producción de residuos, se distingue a los grandes generadores de los generadores domésticos, previéndose un régimen particular para cada caso.
Los primeros son aquellas personas humanas o jurídicas (públicas o privadas) que utilizan estos productos para elaboración de comida a escala comercial (restaurants, bares, confiterías, hoteles, comedores industriales y similares). Por su parte, los domésticos son los particulares responsables de este proceso para la preparación de alimentos destinados al consumo particular o familiar.
El proyecto de Ley prohíbe a los generadores de residuos de aceite vegetal usado, verterlo con destino directo o indirecto a colectoras cloacales, conductos pluviales, cursos de agua, el suelo o el aire.
En cuanto al período de tratamiento de dichos residuos, se dispone que éstos serán recolectados y tratados por los denominados operadores de recolección, considerándose tales a las personas humanas o jurídicas, públicas o privada, que utilicen métodos, técnicas, mecanismos, tecnologías, sistemas o procesos que cumplan con lo exigido por el Ministerio de Medio Ambiente para el tratamiento de estos residuos.
En una última etapa, ingresan en el circuito los operadores de residuos para reciclaje quienes son los encargados del tratamiento y la disposición final en condiciones que tornen a los residuos inocuos o disminuyan ostensiblemente el impacto negativo en el medio ambiente.
Su disposición final en conductos no sólo genera una fuerte contaminación, sino que los bloquea e inutiliza para sus fines, convirtiéndose en un inconveniente que pone en riesgo a los ciudadanos.