El Gobierno está decidido a que las provincias sean sus principales socias en el recorte de la meta fiscal para acceder a la asistencia del FMI y en el consecuente reparto del costo político de esa reducción. El mensaje de la Casa Rosada fue claro: los gobernadores tendrán que hacer su aporte para que el cinturón calce unos agujeros menos. Pero ¿pueden hacerlo? ¿Hasta qué punto están dispuestos a avanzar con el ajuste que necesita el Gobierno?
La mayoría de los caciques opositores piensa resistir el plan de Macri, aunque algunos tienen más aire que otros para hacerlo. El Gobierno sabe de esos matices y va a aprovecharlos. Los gobernadores no solo cuestionan que Macri pretenda trasladarles parte del peso de la crisis, sino también que recién ahora los convoque a un "gran acuerdo nacional".
El enojo y la rebeldía tienen una contracara obvia: los caciques necesitan que la economía se enderece para asegurar su futuro político sin quedar pegados a las consecuencias más duras de una recesión que dan por descontada. La mayoría jugará su reelección el año que viene, cuando las restricciones económicas a las que obligue el pacto con el Fondo estén plenamente vigentes .
El principal argumento que agitan los jefes provinciales es que el grueso del déficit fiscal (un 90 por ciento del total) es responsabilidad de la Nación. El cordobés Juan Schiarettiy el salteño Juan Manuel Urtubey lo pusieron en números esta semana, en medio de nuevos planteos por los desequilibrios en la política tarifaria, mientras el debate por los aumentos se dirime en el Senado. El salteño se jactó además de que el equilibrio de su provincia le permite seguir cumpliendo con sus obligaciones "normalmente" y pagar sueldos sin retrasos.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue taxativo: "No soy ni seré el gobernador del ajuste", aseguró. La contundencia no es arbitraria. Su provincia no tiene déficit ni deuda en dólares, una de las herramientas con las que la Casa Rosada cuenta para presionar a los gobernadores. En una situación similar está San Juan. No por nada, el gobernador Sergio Uñac advirtió anteayer que no apoyará el acuerdo con el FMI "hasta no saber cuáles son los condicionamientos". Pero en la Casa Rosada argumentan que muchas provincias están más oxigenadas gracias a una mejora en la coparticipación y a la devolución del 15% de la Anses. Por eso, entienden, ahora es momento de solidarizar los recortes.
Distinta es la posición de los gobernadores cuyas provincias están en situaciones menos holgadas. Advierten que todavía no se recuperaron del ajuste que debieron hacer el año pasado después de firmar el Pacto Fiscal y que no tienen margen para recortar más. El congelamiento de las contrataciones y de los sueldos en el sector público fueron las principales vías de ahorro.
Pese a sus realidades económicas dispares, los gobernadores están de acuerdo en el discurso. "Gobernabilidad sí, ajuste no", repiten mientras esperan la negociación con Macri.