Días atrás, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios emitió una resolución por la que se restringía el ingreso de alimentos y enseres a las cárceles por parte de quienes visitan a los presos, reduciéndolos a dos kilos por persona.
Por ello, familiares de los internos reclamaron de diversas maneras, que incluyeron cortes de calles. La defensora general de la provincia tomó las quejas y presentó un hábeas corpus en Coronda.
En las últimas horas, la Justicia anuló la disposición para las prisiones de Rosario y Piñero, y la noticia no fue bien recibida en la mencionada Secretaría. Su titular, Pablo Cococcioni, dialogó con Primera Tarde y dijo que “hay un conjunto de decisiones que están en manos de la administración penitenciaria” y no del Poder Judicial, “porque lo que pueden o no ingresar los familiares en la visita desencadena un conjunto de medidas y dispositivos de seguridad”.
A su entender, entonces, “cuando un juez toma una decisión de esta índole, prácticamente se está erigiendo en un co-administrador del Servicio Penitenciario” y de esta forma socavando “la división de poderes”.
Fundamentos del Ejecutivo
“La visita puede llevar algo para compartir con el familiar que está preso, eso lo entendemos. Ahora, que tenga que ‘aprovisionarlo’ para que tenga una despensa en la celda, no lo compartimos. Son elementos que no están autorizados a poseer”, explicó Cococcioni.
Además, indicó que el fallo judicial “desconoce que el Estado es el que les provee alimentación a los privados de libertad” y negó que la comida en las cárceles sea “mala”: “en la provincia, la alimentación tanto de los presos como de los empleados está monitoreada por distintas instancias, y algunas de ellas judiciales”.
Peligra la seguridad
La decisión fue tomada sólo con respecto a Piñero y Rosario, pero Cococcioni no descarta que pueda tener repercusiones en todas las unidades (restan tres: Coronda, Las Flores y Cárcel de Mujeres de Santa Fe).
Para el caso del sur provincial, lamentó que habrá que rediseñar por completo el operativo de seguridad, y deberán hacerlo con muy poco tiempo de anticipación. “Habrá que estar muy atentos porque la cantidad de miles de visitas que ingresan a los penales ya se deben estar enterando de que no tienen restricción para entrar paquetes. Eso va a generar una situación que puede ser un poco difícil de gestionar”, advirtió. “Esta resolución complica innecesariamente la gestión penitenciaria y disminuye notablemente los niveles de seguridad”, reiteró.
Asimismo, recordó una serie de medidas que se vienen implementando para mejorar dichos niveles y opinó que los criterios de administración en las cárceles deben aggiornarse a los tiempos que corren. “Es una pena que algunos funcionarios judiciales interfieran” en esa tarea, lamentó.
Finalmente, calificó como “grave” que el Poder Judicial “avale o festeje” los cortes de calle de los familiares, “dándoles la razón”.