Un concejal al borde de la muerte tras ser apuñalado, una familia casi completa sentada en el banquillo de los acusados y una fiscal amenazada e intimidada por los acusados son los ingredientes de un caso policial que conmociona a la ciudad de San Javier y que agrega un nuevo episodio al evidente quiebre entre su comunidad y la justicia, sobre la cual se cierne el imaginario popular de una estrecha vinculación con el poder político de esa región costera.
Ese análisis fue aportado por la fiscal sanjavierina protagonista, Rosana Marcolín, quien relató por LT10 las actitudes violentas y desafiantes que debió soportar ayer, durante la audiencia imputativa, de parte de la familia acusada de intentar matar a cuchillazos al concejal sanjavierino José Raúl Gólez Iriondo y que intenta imponer sus propios códigos por el descreimiento del servicio de justicia.
Los imputados por el hecho son un matrimonio compuesto por un hombre de 53 años cuyas iniciales son REB y una mujer de la misma edad cuyas iniciales son NBE. Además, tres hijos varones de la pareja: EPRB de 28 años; MAB de 27 y FGB de 22.
“Es la primera vez que me ocurre: miradas amenazantes constantes de los imputados, me sostenían la mirada, empezaron a burlarse, a reírse. El juez les llamó la atención, estaban todos sorprendidos”, contó Marcolín al programa El Cuarto Poder.
Según la fiscal, algunos funcionarios que estaban de público hasta le recomendaron que tenga cuidado y aseguró: “fue un desastre como audiencia el comportamiento de esa gente”.
Quiebres sociales
Marcolín admitió que se trata de “un acto más de quiebre que observo en este caso particular del entendimiento de la ley en San Javier”, y recordó el incendio ocurrido en la Fiscalía de esa ciudad en julio de 2015. En aquella oportunidad, un policía quedó imputado, acusado de prenderle fuego a todo el material probatorio y discos duros de las computadoras que había en el edificio judicial para borrar las posibles huellas que lo incriminen en un caso de abuso sexual de su hijastra.
En este caso, la funcionaria judicial consideró que existe “una verdadera campaña de los imputados y toda su familia de embarrar la cancha” ya que “constantemente señalan a la víctima (al concejal Gómez Iriondo) como un asesino que indujo al suicidio a su ex pareja”.
“Es fruto de una ocurrencia, de algo que se le puso en la cabeza, no hay absolutamente nada”, opinó.
Para Marcolín, el grupo de imputados, todos pertenecientes al mismo grupo familiar, más otros integrantes de la familia que están en libertad tienen “una falta de respeto total hacia la ley”.
“Ellos dicen que siempre caen los pobres, pero nosotros tenemos hasta ganaderos presos por abigeato. No tienen asidero todas las acusaciones que hace la familia”.
“Hay una creencia popular de que si sos intendente o senador manejás la justicia y eso no es así”, concluyó la mujer, que en la audiencia imputativa de este lunes fue acompañada por el fiscal regional Carlos Arietti, en señal de respaldo institucional.
No fue suicidio
Marcolín confirmó por LT10 que las pruebas conocidas anoche indican que existían restos de pólvora en la mano derecha de la mujer fallecida, ex pareja del edil apuñalado, lo que echaría por tierra la posibilidad de un homicidio y abonaría la hipótesis del suicidio. En ese sentido, dijo que sólo resta abrir su teléfono celular para investigar los mensajes y descartar una posible inducción a quitarse la vida, hipótesis que habría motivado a la familia de la mujer a vengarse de Gómez de Iriondo por considerarlo culpable.