La polémica ley 13.013 que pone en manos de la Legislatura la posibilidad de evaluar la conducta de los fiscales de la provincia de Santa Fe entró en vigencia. Y en este contexto, los legisladores ya recibieron los antecedentes de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martín, involucrados en casos que el año pasado despertaron controversias jurídicas y políticas.
En el momento en que se aprobó la ley se encontraban "en trámite tres causas por presuntas faltas disciplinarias contra los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí por denuncias del fiscal regional Carlos Arietti, del intendente José Corral y del ministro Maximiliano Pullaro", explicó en diálogo con LT10 Nestor Oroño, abogado penalista, director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe y defensor de los fiscales.
Las denuncias fueron por la intervención al teléfono del ministro de Seguridad, a raíz de investigaciones sobre irregularidades en el manejo del dinero destinado a pagar horas extras a la policía y el supuesto desvío de fondos que debieron utilizarse para reparar patrulleros.
En la mañana de este martes y en diálogo con la prensa, Pullaro confirmó que será querellante en la causa.
En ese contexto también se ordenó la detención del jefe de la Unidad Regional V de la Policía, comisario mayor Adrián Rodríguez que finalmente nunca fue posible realizar la audiencia imputativa en donde se le debía informar sobre cuáles habían sido los motivos de su detención.
Ante la negativa, Apullán convocó a una supuesta audiencia imputativa que jamás se realizó ya que Arietti le había informado que la causa ya no estaba en sus manos, pues había sido derivada a una Fiscalía especialmente dedicada a investigar delitos complejos.
Además, el fiscal fue denunciado por el intendente José Corral tras la orden de allanar la Municipalidad, para solicitar documentación e información vinculada con presuntas irregularidades en el manejo del denominado Programa de Iniciativas Comunitarias y Cooperativas de Trabajo.
Previo a la reforma, la encargada del caso era María Cecilia Varanicich, auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Asociación, anunció que “todo trámite disciplinario que lleve a cabo la auditoría pasa a la Legislatura".
Por lo tanto, este lunes Varanicich remitió todas sus causas a la Legislatura. Por lo tanto el futuro de los fiscales ahora dependerá de los legisladores.
Si bien el hecho investigado ocurrió previo a que se reforme la ley, la auditora explicó que uno de los artículos contempla que "el procedimiento se aplica a los proceso en trámite".
Por este motivo, se abre una nueva forma de investigar ya que, como sostuvo Oroño, “la Legislatura juzga con criterios fundamentalmente políticos mientras que en los estamentos judiciales es más técnico".