En una nueva carta abierta, Zannini detalló que ejerció la función pública durante casi treinta años y que nunca estuvo involucrado en causas judiciales.
"En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno, un juez de la Nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva", manifestó Zannini en la carta publicada por el diario Página 12.
El 11 de enero pasado la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de excarcelación del ex funcionario, que por lo tanto continúa detenido en el penal de Ezeiza por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA, en el marco de la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.
"El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones", añadió en alusión a la decisión del tribunal superior de desestimar los procesamientos por "traición a la Patria" y convalidar sólo el delito de "encubrimiento".
Zannini cuestionó entonces su detención por parte del juez Bonadio, "sin que mediara solicitud de fiscal alguno" y calificó al procesamiento de "delirante".
"Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado. ¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?", preguntó.
En primera instancia, Bonadio decretó la prisión preventiva y procesamiento de Zannini y de la ex presidenta Cristina Kirchner (previo desafuero en el Senado) por los delitos de encubrimiento y traición a la Patria, aunque este último fue anulado luego por la Cámara Federal.
Poco antes del receso, la Cámara Federal ratificó los procesamientos con prisión preventiva de la ex mandataria, del ex canciller Héctor Timerman (luego excarcelado por motivos de salud), de Zannini, del dirigente Luis D ´Elía, del ex líder de Quebracho Fernando Esteche, y del representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil.
Al confirmar la preventiva de Zannini, los camaristas refirieron a "riesgos procesales", esto es, que podría entorpecer la investigación si quedara en libertad.
Bonadio recordó en primera instancia que mientras se desempeñaba como secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, hubo un incendio en Casa Rosada en el que "se perdieron los registros de aproximadamente 130 mil visitas realizadas en el período investigado".
Además, había señalado que quedaban pendientes medidas de prueba como el análisis de más de 130 mil correos del Ministerio de Relaciones Exteriores y unos 120 mil de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como 207 líneas telefónicas vinculadas a los imputados.