Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, fue procesada hoy por el juez Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública en el caso en el que se investiga el sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600. También le dictó un embargo de 7 millones de pesos.
De este modo la jefa de todos los fiscales nacionales fue por primera vez procesada por un caso de sospechas de corrupción.
En la investigación se demostró que se pagaron comisiones por la compra del edificio que la Procuración abonó $43.850.000 a la empresa Arfinsa del Grupo Bemberg.
Esa empresa a su vez le pagó a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry la suma de 7,7 millones de pesos en comisión por el asesoramiento para la venta del inmueble. Al mismo tiempo, Jaureguiberry le pagó 3 millones de pesos por asesoramiento específico para la licitación del edificio de la calle Perón a Juan Carlos Thill un productor de seguros de la ciudad de La Plata, que no tenía relación con el negocio inmobiliario.
El magistrado procesó a Gils Carbó, Bellingi, Thill, Jaureguiberry y a Adrián González Fischer, ejecutivo de ArFinsa, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ercolini fijó un embargo de 7 millones de pesos para Gils Carbó y Bellingi y uno de 5 millones para los otros tres procesados.
El juez sostuvo en su resolución de 211 páginas que Gils Carbó y Bellingi violaron "consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos" e "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667".