Las amenazas de bombas a establecimientos educativos e instituciones públicas han sido un fenómeno bastante asiduo durante este último semestre, lo que implica un arduo trabajo por parte de diversas áreas que componen el Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia de Santa Fe, como asi también una gran cantidad de recursos humanos y materiales.
Mario Monzón, jefe de la Unidad Investigativa de PDI sostuvo que “en lo que va del año fueron más de 70 llamadas a establecimientos educactivos, E.P.E, Cablevisión, Juzgado Laboral y Foro Laboral y se han identificado a la mayoría de los responsables, en el caso de las escuelas fueron todos menores entre 16 y 17 años, alumnos de las instituciones que recibieron las amenazas”.
Los jóvenes fueron puestos a disposición del Juzgado de Menores y se les ha formado una causa por Intimidación Pública.
A fin de concientizar a la sociedad, en especial a los jóvenes, es necesario conocer cómo es el proceso desde que ingresa la llamada y el tiempo y recursos que consume su posterior investigación.
En primer lugar, el personal del 911 recibe la denuncia, esto insume tiempo del personal que está trabajando y se ocupa la línea telefónica de emergencia además de destinar todas las unidades que trabajarán en el lugar. Asimismo, requiere un trabajo conjunto de diversas áreas policiales como la brigada de explosivos, efectivos de la Unidad Regional y Policía de Investigaciones que deben ponerse a disposición a fin de evacuar a las personas y desalojar el establecimiento en su totalidad.
“A partir de ese momento, comienza el trabajo del área de Investigaciones de la PDI para establecer de dónde provienen las llamadas e identificar a los responsables de las mismas. Para ello trabajamos en los teléfonos utilizados y los secuestramos para poder analizar los datos y personas que intervinieron”, indicó Monzón.