El legislador por la UCR-NEO Jorge Henn presentó un proyecto de reforma que busca otorgar a los fiscales nuevas herramientas para perseguir delitos económicos y complejos.
La iniciativa tiene como objetivo crear una unidad fiscal especial de delitos económicos y complejos. Se denominan de esta manera aquellos casos que presentan cierto grado de dificultad para conseguir pruebas y/o imputan a una gran cantidad de sujetos. Dicha unidad fiscal actuaría en todo el territorio provincial, bajo la supervisión del fiscal General.
Dentro de las categorías de delitos económicos y complejos se encuentran: la asociación ilícita, la estafa, la defraudación, la evasión impositiva, la quiebra fraudulenta, la malversación, la exacción ilegal, el lavado de activos y la insolvencia fiscal fraudulenta, entre otros.
Henn indicó que “esta unidad fiscal va a servir para perseguir a los delincuentes de 'guante blanco'. Es muy difícil para los fiscales investigar de la forma tradicional este tipo de delitos, porque tienen una naturaleza muy compleja, con un nivel de organización que supera los esfuerzos de las fiscalías”.
“Un claro ejemplo es el lavado o blanqueo de activos por parte de los narcotraficantes a través de la compra de bienes registrables (inmuebles, automóviles, construcción)" explicó el diputado, y continuó: "usualmente estos delitos van acompañados o disimulados con otras actividades lícitas, con lo cual se hace más difícil la detección de las mercaderías y la ruta del dinero. Por eso proponemos una herramienta que facilite la tarea de investigación de los fiscales para perseguir, no solo al 'soldadito del bunker', sino también a quienes manejan el circuito financiero y comercial del narcotráfico. Investigar delitos económicos como el lavado de activos debe ser una política de estado del poder judicial. No queremos una justicia que sólo encarcele a ladrones de gallinas”, concluyó Henn.
Normativa vigente
La propuesta está enmarcada en la Ley 13.013, que dispone que "las fiscalías regionales son los organismos encargados de tomar las medidas necesarias para hacer operativas las pautas generales de persecución penal, y que a tales fines cuentan con dos herramientas fundamentales: 1) la atribución de fijar criterios de asignación y distribución de casos y de formar equipos de trabajo; y 2) la atribución de crear agencias o unidades fiscales especiales".
Cabe destacar que la iniciativa también contempla la Ley (recientemente promulgada) Nº 13.573, que incorpora 40 nuevos fiscales y fiscales adjuntos al Ministerio Público de la Acusación, dotándolo de los recursos humanos necesarios para avanzar en la conformación de la estructura que se propone.
Antecedente en Rosario
En el territorio santafesino existe una Unidad Fiscal Especial en Delitos Económicos y Complejos, que depende de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripcion Judicial de la ciudad de Rosario.
Dicha unidad fue responsable de llevar adelante una investigación que derivó en uno de los casos más polémicos del 2016 conocido como la causa de la “megaestafa inmobiliaria”, en la que la Provincia trabó un embargo de $240 millones de pesos a una banda que fraguaba escrituras de terrenos e inmuebles y los vendía varias veces para lavar dinero.
En la causa existen 11 acusados entre los cuales hay escribanos, agentes de bolsa, contadores, sindicalistas y personas que están siendo investigadas por presuntos vínculos con grupos narcos como la banda de los Monos.