Este martes, autoridades judiciales y policías de Entre Ríos allanaron el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá, tras la publicación de una investigación periodística del semanario “Análisis” que reveló supuestas torturas a las religiosas que habitan el lugar.
El fiscal que entiende en la causa, Federico Uriburu, en diálogo con LT10, brindó detalles del procedimiento y sostuvo que “no hubo una actitud activa de impedimento pero la hermana Superiora en principio no mostró mucha colaboración. De todos modos, recordemos que están bajo un régimen de clausura y no están acostumbradas a relacionarse con gente”.
Sobre el allanamiento Uriburu señaló que "no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque al revisar algunas dependencias se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, que son pequeñas fustas de unos 30 a 40 centímetros" y agregó que “los usaban de manera periódica”.
En cuanto a la denuncia de torturas, el funcionario judicial remarcó que “un estado de derecho no pueden avalar estas situaciones pero lo que tenemos que investigar ahora es si recibían castigos o se flagelaban ellas mismas. Uno vela porque esa situación sea voluntaria”.
En este sentido, respecto a las internas, dijo que “notamos cierto temor por parte de ellas” pero aclaró que “estamos hablando de mujeres que hace 20 años que no tienen contacto con el mundo exterior, a veces con familiares a través de una reja”.
En tanto, informó que impuso una reserva en las actuaciones por el término de 10 días, que podría hacerse extensiva.