El ex funcionario de los Kirchner José López continúa detenido después de ser encontrado con bolsos que contenían US$ 9 millones. Con la causa por enriquecimiento ilícito abierta y un frente que suma cada vez más denuncias por fondos destinados a obras públicas que no se concluyeron, la Justicia también ordenó un embargo sobre sus bienes que alcanza a su esposa María Amalia Díaz y a su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz. Sin embargo, la semana pasada llegó a Santa Cruz una excepción sobre esta medida: “Mary” Díaz y su madre podrán seguir percibiendo su jubilación.
El juez Daniel Rafecas envió al sur una serie de oficios para aclarar que la medida cautelar patrimonial de inmovilización y congelamientos de fondos, que rige desde el 15 de junio sobre López, no deben comprender “los montos depositados o que en el futuro se depositen en concepto de jubilación ordinaria, pensión o reajuste de haberes” respecto a la esposa y la suegra del ex funcionario.
En primer lugar, el Juez envió la misma notificación a tres bancos: la sucursal del Banco Nación en Río Gallegos, el Banco Patagonia y al Banco Santa Cruz. En ellos, Lucila Amalia Corvalán de Díaz tiene sus respectivas cajas de ahorro. La suegra del ex secretario de Obras Públicas, con 85 años, es investigada por una serie de llamadas la noche que López fue al convento de General Rodríguez donde la policía lo encontró arrojando los bolsos con nueve millones de dólares.
Lucila Corvalán, jubilada de la provincia de Santa Cruz, aún fija su domicilio en Río Gallegos y era la responsable de la vivienda ubicada en “Avenida Presidente Néstor Kirchner N° 2160” que fue alquilada hasta 2015 a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez -preso hace cuatro meses por lavado dinero-.
La otra medida de excepción llegó al Banco Santa Cruz, para que el embargo no alcance la caja de ahorro de Mary Díaz. La esposa del ex secretario de Obras Públicas percibe allí mensualmente el salario como jubilada del Poder Judicial de la Provincia. El oficio presentado ante la entidad financiera señala que podrá depositarse en dicha cuenta sólo el dinero proveniente de la Caja de Previsión Social “en concepto de jubilación ordinaria, como aumentos y complementos anuales”.
Mary Díaz, como todos la conocen en el sur, se jubiló en el poder Judicial como analista de sistemas. Es investigada por el fiscal Federico Delgado y sobre ella se ordenó también el embargo de bienes para buscar “dinero, joyas u objetos de valor que "pueda haber en cajas de seguridad, bóvedas o cualquier otro sitio". En la casa allanada en el Tigre se encontró una gran cantidad de joyas de su pertenencia.
Junto a su marido, Díaz constituyó en 2006 la empresa La Araceliti en la provincia de Tucumán. El objeto social -según indica un acta- es la comercialización de tabaco y caña de azúcar. Pero ampliando su campo de actividad, tres años después incursionaron en el rubro de la construcción, algo señalado por Vialidad Nacional en una auditoría.
Aunque podrá disponer de su jubilación, Mary Díaz sigue estando bajo la lupa de la Justicia en la causa que investiga el patrimonio del ex funcionario K: desde 2003 a 2008 López tuvo un incremento en sus bienes de 449%. En su última declaración jurada declaró bienes por $ 2 millones, más cinco terrenos y un bote. Pese a ser encontrado con bolsos que contenían US$ 9 millones, nunca declaró tener divisas.
Este exponencial salto durante la primera parte de su desempeño como secretario de Obras Públicas involucra además a la firma familiar La Aracelita . Previo al 2003, cuando Mary Díaz se despidió de sus compañeros judiciales, les aseguró que junto a López se convertirían en “una de las diez familias más ricas de Santa Cruz”. Ahora investigan el patrimonio familiar.