Siete de cada diez argentinos aseguraron tener “siempre” o “frecuentemente” problemas para encontrar su talle a la hora de comprar ropa, según una encuesta de 2015 de la ONG AnyBody Argentina. En este contexto, el país no cuenta con una ley nacional que permita garantizar la diversidad y la universalidad de talles, y las leyes provinciales no son universales ni se cumplen.
El sondeo revela que el mayor porcentaje de personas afectadas se encuentra en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, por encima de Santa Fe y Córdoba. Otros datos que muestra el informe es que la prenda con más dificultades es el pantalón y que las edades más insatisfechas van de los 18 a los 34 años.
Doce de las 24 jurisdicciones del país cuentan con una norma que regula los talles, pero la forma en la que lo hacen no coincide entre las provincias, y en muchos casos no se cumple. Existen diferencias en las medidas corporales utilizadas y en la cantidad de talles que define cada jurisdicción.
Además, “las leyes aplican a los fabricantes radicados en cada provincia, y algunas a aquellos que sólo comercializan ropa para algunos grupos en particular”, señaló a Chequeado Lucrecia Fernández, miembro de la ONG AnyBody. Por ejemplo, las leyes provinciales de Buenos Aires y de Santa Fe regulan solamente los talles de “mujeres adolescentes”.
Otros casos a mencionar son la ley provincial de Entre Ríos, que no define ninguna sanción en caso de infracción; y la de Chaco, donde la norma establece un mínimo de seis talles sin especificar la metodología que se utilizó para determinar esa cantidad.
Por otra parte, la mayoría de las leyes provinciales se basan en lasmedidas establecidas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), que se definen a partir de estándares internacionales. Sin embargo, desde AnyBody insisten en que los cuerpos difieren en las distintas partes del mundo y por ello debería hacerse un estudio antropométrico (es decir, para determinar las medidas de las personas) en el país.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) había comenzado a medir la contextura de los argentinos mediante un escáner 3D a comienzos de 2015, pero aún no alcanzó una cobertura a nivel nacional y sólo toma los cuerpos de aquellos que se ofrezcan como voluntarios.
A pesar de que varias de las leyes provinciales contienen sanciones que van desde multas hasta clausuras momentáneas del establecimiento que vende y/o que fabrica (dependiendo el caso), desde ambas organizaciones piden un mayor control para que, entre otras cosas, un mismo talle no varíe según la marca, situación que ocurre hoy.
En 2013, un proyecto de ley que establecía la existencia de una serie normalizada de talles de la entonces senadora Roxana Latorre (Santa Fe Federal) obtuvo media sanción pero nunca fue discutido en la Cámara de Diputados. Perdió estado parlamentario y la ex parlamentaria volvió a presentarlo en 2015.
En 2014, ingresó una nueva iniciativa en el Congreso que tampoco llegó a tratarse, por eso en junio de este año la diputada y autora del proyecto, Blanca Rossi (Unión por Córdoba), solicitó que se cambiara la comisión de cabecera a Defensa del Consumidor. El pedido todavía no obtuvo respuesta.
Con respecto a los proyectos citados, Monique Thiteux Altschulde, directora ejecutiva de la Fundación Mujeres En Igualdad (MEI), sugirió a este medio que “es necesario un nuevo proyecto de ley que imponga parámetros cumplibles” y que permita garantizar talles universales tanto en su confección como en su comercialización.
“Una ley nacional sirve de paraguas para todo el país. Por eso debe ser pensada muy cuidadosamente, con paradigmas distintos a los existentes en las provincias y en la Ciudad”, concluyó Altschulde, al mismo tiempo que señaló que “la ley debe ir acompañada de un cambio cultural, de negociaciones entre las partes (comerciantes, diseñadores, fabricantes, importadores y usuarios) para llegar a acuerdos que permitan el cumplimiento de la ley”, algo que hasta el momento no viene sucediendo.