La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas realizó 11 allanamientos por el caso de Maxi Sosa, el niño de tres años que falta de su hogar de Ceres desde fines de 2015. Siete de esos procedimientos se llevaron a cabo en Montefiore, dos en la mencionada ciudad y dos en Santiago del Estero.
En la continuidad de la investigación -que nunca se dejó, según se confirmó desde Fiscalía- surgieron elementos de interés para la causa, como también posibles vinculaciones del entorno familiar con la desaparición del nene. Concretamente, entre otras acciones, se buscó y detuvo a la abuela del menor y al marido de esta última, ya que una escucha posterior al hecho investigado los compromete.
En el caso del hombre, se trata de un chofer de ambulancia que fue interceptado en Rafaela, mientras hacía un traslado entre Ceres y Santa Fe.
Al respecto, en diálogo con LT10, la fiscal Emilce Fissore, precisó que hay elementos que prueban la responsabilidad de la abuela y su marido en la desaparición del menor.
“Son varias las hipótesis que se manejan alrededor de la mujer, con pruebas y elementos que avalan la posible responsabilidad en la sustracción del menor. Esos elementos ayudarán a encontrar al niño, que sigue siendo el eje de nuestro trabajo, vamos a agotar todas las líneas hasta dar con él”.
En tanto, reiteró que “hemos ordenado esta detención porque tenemos evidencia para solicitar la prisión preventiva de ambos, luego de la audiencia imputativa”.
Sin faltar al secreto de sumario, la fiscal al ser consultada sobre el destino del nene, afirmó: “Tenemos indicios que el menor está con vida y vamos a seguir trabajando para encontrarlo”.
En las próximas horas, los fiscales los indagarán en busca de más elementos que permitan definir si deben continuar detenidos o recuperar la libertad.
Los operativos
El despliegue fue de 130 efectivos policiales de la Agencia de Trata, Drogas, PDI (área científica), sección Canes de la URII, Guardia Rural Los Pumas, y áreas de Niñez, Derechos Humanos y CAJ.
Participaron la jefa de Trata, Mónica Viviani, el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, y el director provincial de Investigación Criminal Darío Chávez.