El Tribunal de Cuentas, objetó la contratación que hizo el Defensor provincial, Gabriel Ganón, al requerir los servicios del criminólogo Enrique Font, quien recibiría haberes de 1 millón de pesos por el trabajo de un año.
El organismo de control consideró que el acto administrativo no se ajustó a la normativa vigente y el funcionario que no pudo probar que fuera una contratación necesaria y urgente.
Fue el diputado Julián Galdeano, quien desde la Legislatura pidió explicaciones sobre las tareas que Font llevaría adelante para el servicio público de defensa penal, que justificaran el monto de la contratación.
A raíz de la resolución del Tribunal, el propio Galeano por LT10 manifestó que "van a tener que dar marcha atrás con esta contratación y con otras que también están siendo observadas".
En el mismo sentido, precisó que "hay un procedimiento y un manejo administrativo poco serio, poco transparente y muy discrecional", al tiempo que remarcó: "Contratar a un criminólogo por más de un millón de pesos solamente por un capricho, porque no hubo justifiación, no es algo que corresponda".