La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió las elecciones para presidente en la Asociación del Fútbol Argentino que se debía realizar el 30 de junio con una notificación en la que manifiesta la determinación por "un plazo de 90 días" y dispone la designación de "dos veedores para realizar una auditoría", debido a "irregularidades administrativas y económicas".
A este oficio se lo tratará en la reunión del comité ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino que se llevará a cabo hoy a las 18 y en la que los directivos representantes de todos los clubes deberán resolver si toman alguna medida extrema como la posibilidad de "pedir el regreso de la selección que competirá en la Copa América Centenario (algo que dificilmente se producirá), a través de la Conmebol", como así también definir una posible "suspensión de la actividad del ascenso".
En diálogo con LT10, el Presidente del Club Atlético Unión, Luís Spahn, sostuvo que “en AFA hay muchas cosas que están mal y dentro de esa situación todos vislumbran una AFA distinta, intentando imponer sus condiciones, formas y estilos que no llevan a ningún acuerdo.
“AFA está intervenida. Si un veedor puede tomar decisiones, no es veedor. Si deciden suspender las elecciones es porque están interviniendo. En AFA, las elecciones son correctamente mal hechas, porque mas allá que las asambleas funcionan y están designados los representantes de los clubes, votamos aunque no estemos conformes en como decidimos el futuro de AFA”.
Spahn continúo diciendo que “desconozco el objetivo del gobierno con esta intervención. Considero que está relacionado con la búsqueda de privatización de los clubes y la normalización. Los clubes no recibimos aportes del Estado. AFA es una Asociación Civil que tiene un espectáculo de mucho interés y se lo vende al estado. La plata que recibimos es nuestra”.
“No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con la intervención. No tienen derecho a intervenirla, pero los dirigentes no estamos a la altura de la situación. Sin embargo, el origen de la intervención debió ser a partir de una denuncia interna, no por decisión del Estado como ocurrió”.