Organizaciones, empresarios, comerciantes, asociaciones de consumidores y referentes de la política local protestaron el martes al mediodía en Tribunales provinciales, de la ciudad de Rosario, contra los aumentos de las tarifas de luz, agua y gas. De manera conjunta decidieron presentar un recurso de amparo y también expresaron una profunda preocupación por la realidad económica que los angustia.
Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros explicó que, desde el incremento en el precio de la electricidad, el agua y el gas, comercios, locales comerciales, clubes han sido resentidos en sus economías.
Recalcó que han pedido reunirse con Concejo Municipal y tuvieron una mesa de diálogo con el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, "pero no encontramos respuesta ante los reclamos".
"Muchos de nuestros comercios, donde el impacto es del 100%, no están pudiendo llegar a pagar...Todavía no se han registrado cierres", pero se puede que esa sea la consecuencia de muchos si no cambia algo. Otro problema es que "estamos sintiendo la caída de la actividad comercial.. en el centro es del 20% y en los barrios es del 30%", tanto en los locales comercial como así en los gastronómicos.
Milito remarcó la posición que seguirán adoptando los comerciantes ante esta crisis. "Con esta manifestación mostramos reacción, y tenemos decidido que vamos a seguir adelante. Vamos a hacer sonar el reclamo, a continuar protestando en la calle. Nos vamos a manifestar contra los oídos cerrados de un gobierno nacional que evidentemente muestra su insensibilidad ante un pueblo que está padeciendo las decisiones económicas".
Además, desde la multisectorial solicitaron retrotraer los valores de las tarifas de la Empresa provincial de la Energía (EPE) al valor anterior a diciembre.
Pedido en la Legislatura
Los diputados provinciales del bloque Igualdad y Participación del Frente Progresista, Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger, señalaron que "siendo la EPE una empresa del Estado Provincial, cuyo patrimonio es sostenido por los santafesinos a través de un presupuesto asignado por esta Legislatura, es necesario que el Estado intervenga y otorgue una respuesta urgente a la situación de las familias, comerciantes y pymes".
"Presentamos un escrito que tiene que ver con una Ley 10.000; cuando un ciudadanos se siente con problemas de comercialización o de subsitencia", explicó Milito.