No había en Brasil quién no creyera que la prisión era una posibilidad. Es por eso que la impunidad está detrás de la decisión consensuada entre la presidente Dilma Rousseff y su antecesor, Lula da Silva, de convertirlo en el jefe de la Casa Civil, el cargo más importante del Gabinete de Brasil.
El nuevo cargo le permitirá al ex mandatario blindarse de las investigaciones que lleva a caboSergio Moro, el juez que analiza su lujoso tríplex frente al mar y su implicancia en la corrupción de Petrobras. Si la cárcel era cuestión de tiempo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no tuvo más opción que aceptar el puesto, al margen de lo que la opinión pública pudiera sospechar.
El carismático ex presidente afronta diversos procesos por sospechas que van desde enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero hasta falsificación de documentos
A partir de ahora, esas causas pasarán de la Justicia común al ámbito de la Corte Suprema, lo cual dilatará el proceso, por lo que la oposición considera que el propio gobierno está dejando de lado su "compromiso" de defender la Constitución y las leyes. Es por ello que más temprano los partidos Popular Socialista (PPS), la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los Demócratas (DEM) habían calificado una eventual designación de Lula como una "afrenta al Estado democrático de derecho".
Como nuevo jefe de ministros, el ex presidente (2003-2010), según establece la Constitución,tendrá fueros especiales y Moro no podrá decidir sobre el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva para Lula. Las decisiones ahora deberán ser asumidas por la Corte, que estará encargada de autorizar su detención, algo que suele ser más rápido en los tribunales inferiores.
En este sentido, Lula podrá ser investigado por el escándalo conocido como Lava Jato, radicado hasta ahora en Curitiba, pero sólo por los magistrados que integran el máximo órgano de la Justicia brasileña.
A través de la Casa Civil, intentará reagrupar a los aliados del gobierno para frenar un pedido de juicio de destitución en el Congreso contra Rousseff por supuesta adulteración de cuentas públicas.