La Justicia brasileña acaba de condenar a 19 años y cuatro meses de prisión a uno de los empresarios más poderosos del país, Marcelo Odebrecht, ex presidente de la Organización Odebrecht, la compañía de construcción e ingeniería más grande de América latina, por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en el multimillonario caso de sobornos en Petrobras.
Según el dictamen del juez federal Sergio Moro, que desde Curitiba lleva adelante las investigaciones por el escándalo del "Petrolão", las pruebas han demostrado en relación a Odebrecht "la práctica de crimen de corrupción que involucró el pago de 108 millones de reales y 35 millones de dólares a los agentes de Petrobras, un valor muy expresivo".
Moro también sentenció por los mismos cargos y la misma pena a otros dos ejecutivos de la compañía, Marcio Faria y Rogério Araújo, ex directores de Odebrecht.
Marcelo Odebrecht, de 47 años, había sido detenido de forma preventiva el 19 de junio del año pasado, en un operativo policial que causó gran asombro en Brasil por tratarse de uno de los ejecutivos más influyentes del país, con fluidos contactos con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff así como de todas las anteriores administraciones. En diciembre del año pasado, Odebrecht renunció a la presidencia de la compañía, cuando ya llevaba seis meses en la cárcel.
Según los fiscales del "petrolão", la compañía Odebrecht era una de las grandes constructoras que habían formado una suerte de cartel para asegurarse jugosos negocios con Petrobras. Al menos desde 2003, pagaban coimas a directivos de la petrolera estatal y a políticos oficialistas para garantizarse licitaciones. Se sospecha que parte del dinero fue destinado a pagar campañas electorales de la coalición gubernamental.
Por el multimillonario caso -que se estima desvió de Petrobras más de 2000 millones de dólares- ya fueron detenidos una veintena de grandes empresarios así como figuras muy vinculadas al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), como el ex tesorero de la agrupación, João Vaccari Neto; el publicista João Santana, principal estratega de las campañas electorales de Luiz Inácio Lula da Silva (2006) y Rousseff (2010 y 2014); el senador petista Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta; y José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, ya antes condenado por su participación en el escándalo del "mensalão" (2005).
Varios de los empresarios y políticos arrestados han negociado con la Justicia acuerdos de delación premiada para reducir sus condenas a cambio de dar más detalles y pruebas del complejo esquema de sobornos y desvíos instalado en Petrobras. Según la prensa brasileña, Marcelo Odebrecht estaba pensando en negociar con las autoridades judiciales.
Ahora, su condena puedecomplicar la situación del ex presidente Lula, quien está siendo investigado ante la sospecha de que se habría beneficiado del "petrolão". Específicamente, los fiscales creen que obtuvo dádivas, donaciones y pagos indebidos de grandes empresas a través de su fundación, el Intituto Lula, y que las constructoras Odebrecht y OAS pagaron por una finca de la que sería dueño en Atibaia y un departamento tríplex en Guarujá, ambas propiedades en el estado de San Pablo. En el marco de estas pericias, tanto la residencia como la fundación de Lula fueron allanadas el viernes pasado, y el ex mandatario fue obligado a ir a declarar ante la Justicia, una medida que despertó gran polémica y llevó a la movilización de la militancia petista.
La presidenta Rousseff, delfín político de Lula, no ha sido hasta el momento investigada por el "petrolão", aunque hay cada vez más revelaciones que apuntan contra ella, entre ellas el supuesto acuerdo de delación premiada del senador Amaral, quien habría afirmado a la Justicia que tanto Rousseff como Lula estaban al tanto de la red de sobornos que irrigaba a directivos de Petrobras y que incluso trataron de bloquear las investigaciones judiciales.
En medio de una grave crisis política y sumida en una profunda recesión económica, Rousseff sí encara un pedido de impeachment en el Congreso por haber manipulado las cuentas públicas para esconder el déficit. Además, su campaña por la reelección en 2014 está bajo investigación en el Tribunal Superior Electoral por presuntos abusos de poder político y económico; la oposición alega que dicha campaña fue financiada en parte por recursos desviados de Petrobras.